El presidente de la Asociación Nacional de Jueces Jubilados y Pensionados (ANJEJUP), Rafael Camilo Amarante, planteó la necesidad de regularizar la situación de decenas de jueces y empleados judiciales cuyos procesos de retiro y pensión permanecen sin una definición formal, pese a que reciben apoyo económico desde hace aproximadamente dos décadas.

Durante su participación en el programa Legal Radio que se transmite por Rumba 98.5 FM, Amarante explicó que esta situación se originó durante los inicios de la gestión del magistrado presidente Jorge Subero Isa, cuando existía una cantidad importante de jueces y empleados cuyo retiro había sido solicitado al Poder Ejecutivo.

Origen del proceso

Según explicó, cuando se creó el plan de retiro, pensiones y jubilaciones dentro del Poder Judicial, había cerca de 200 jueces y empleados en espera de que el Poder Ejecutivo aprobara sus retiros.

“Magistrado presidente, Subero, lo que hizo en la oportunidad fue a modo de evitar que esas personas quedaran en un limbo económico, o sea, que no fueran a cobrar, creó una nómina al interno del Poder Judicial para pagarle por allá por el Poder Judicial hasta tanto el Poder Ejecutivo decidiera el retiro, la jubilación de esa persona”, expresó.

• Amarante indicó que con el paso del tiempo la situación no ha sido regularizada por ninguna de las instancias correspondientes.

• “Que ni lo ha retirado, ni lo ha puesto en pensión el Poder Ejecutivo y tampoco lo ha hecho la Suprema Corte de el Poder Judicial. Pero se mantiene el apoyo económico”, señaló.

Asimismo, explicó que se trata de un apoyo económico mínimo, aunque precisó que en algunos casos los cargos en la Suprema Corte superan el millón de pesos mensuales.

Impacto en beneficiarios

El presidente de ANJEJUP cuestionó que, después de alrededor de 20 años realizando esos pagos, la situación continúe sin una solución definitiva.

“Yo digo, no sé por qué si la Suprema Corte tiene alrededor de 20 años pagándole a esas personas sin regularizarlo. ¿Por qué no regularizarlo? Asúmanlo ya, definitivamente”, manifestó.

Amarante advirtió que esta condición perjudica a los beneficiarios, ya que quedan excluidos de medidas o beneficios que el Poder Ejecutivo aprueba para los pensionados del Estado.

• “Hay asuntos que son de beneficio, a veces decidido por el Poder Ejecutivo para los pensionados del Estado, pero el Poder Ejecutivo entonces los saca a ellos porque ellos no son pensionados”, afirmó.